El Gobierno nacional modificó el mecanismo de cálculo del subsidio que sostiene la tarifa social de la SUBE, en momentos en que en la Capital tucumana entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario del transporte urbano. La medida, oficializada a través de la Resolución 40/2026, establece que de ahora en más el descuento no se recalculará automáticamente cada vez que suban los boletos, sino que tomará como base una tarifa de referencia fija. En paralelo, desde el Municipio ya adviertieron que la Nación dejó de girar los fondos correspondientes al Atributo Social desde diciembre del año pasado, lo que obligó a la gestión de Rossana Chahla a cubrir ese faltante con recursos propios, a los que ahora se suma el nuevo esquema nacional.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, no modifica el porcentaje de descuento que reciben los beneficiarios de la tarifa social, que continúa en el 55%. El cambio radica en la base sobre la que se aplica ese porcentaje: en lugar de calcularse sobre el valor vigente del boleto en cada jurisdicción, el descuento «será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre la tarifa de referencia».
Esa tarifa de referencia quedó establecida como «las contenidas en los cuadros tarifarios vigentes en cada jurisdicción al 30 de junio de 2026», un valor que se mantendrá fijo hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.
Según los considerandos de la resolución, las tarifas del transporte público en el país «presentan una dinámica frecuente y heterogénea», ya que los aumentos son definidos de manera independiente por cada provincia y municipio. Esa dispersión, se explicó, generaba «variaciones automáticas en el reconocimiento del atributo social», dado que cada suba del boleto implicaba de forma inmediata un mayor desembolso por parte del Estado nacional.
El texto agrega que esas variaciones «no responden a decisiones adoptadas por la autoridad nacional», lo que complicaba la planificación del gasto público destinado a sostener el beneficio. Frente a ese panorama, el Gobierno decidió fijar «un criterio objetivo y uniforme para determinar el reconocimiento» de la tarifa social.
La resolución aclara, de todos modos, que la medida no restringe las atribuciones de los gobiernos locales, ya que «no altera las facultades de las provincias… para establecer los cuadros tarifarios».
Vigencia y alcance del beneficio
El nuevo esquema comenzó a regir este 1° de julio y será implementado por Nación Servicios S.A., empresa que deberá adaptar sus sistemas para aplicar el nuevo criterio de cálculo. Aunque el cambio no representa un impacto inmediato para los usuarios, sí modifica la dinámica futura: de aquí en adelante, si una jurisdicción aumenta el valor del boleto, el monto del subsidio de la tarifa social no se incrementará en la misma proporción de manera automática.
Continúan alcanzados por el beneficio: jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y monotributistas sociales. También integran ese universo los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Seguro por Desempleo, el Seguro de Capacitación y Empleo, y las Pensiones No Contributivas, entre otros.
La medida nacional se conoce en simultáneo con la entrada en vigencia, este miércoles, del nuevo cuadro tarifario del transporte urbano en la Capital tucumana. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, había detallado que el Municipio sostiene un esquema de asistencia financiera al sistema de colectivos desde noviembre. «Son más o menos $1.600 millones mensuales que la intendenta coloca en el sistema para que siga funcionando», explicó el funcionario.
Ese aporte se complementa con otras dos partidas. Por un lado, el adelanto del Atributo Social de la SUBE, que ronda los $400 millones mensuales y que, según precisó Arnedo, dejó de ser girado por la Nación desde diciembre. «Se sostiene con gran sacrificio y recursos propios de la Municipalidad», remarcó. Por otro, se suman $214 millones destinados al Boleto Estudiantil Municipal (BEM), financiados en un 53% por el municipio y el resto por el sector empresario del transporte.
