Tres policías de la comisaría de San Andrés y un productor de eventos continuarán sometidos a medidas de coerción de menor intensidad mientras avanza una investigación judicial por presunto pago de coimas para permitir la venta de drogas en fiestas electrónicas.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, a cargo de Mariana Rivadeneira, que solicitó extender por otros cuatro meses el plazo de la investigación penal preparatoria (IPP). El pedido fue autorizado por la jueza interviniente debido a que aún restan pericias claves, entre ellas informes de empresas de telefonía vinculados a dos celulares secuestrados.
Durante una audiencia, el auxiliar de fiscal Leandro Abdala explicó que la pesquisa se originó a partir de información obtenida en un expediente inicial que tramita la Unidad Fiscal de Narcomenudeo. Según detalló, surgieron indicios de que en una de las fiestas electrónicas organizadas por una productora se habría pagado a personal policial para evitar controles y permitir la comercialización de estupefacientes.
En el marco de la investigación, los fiscales analizan escuchas telefónicas, registros de comunicaciones y otras pruebas que permitirían determinar la participación de los imputados en el presunto delito de cohecho.
La acusación
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Fiscal, el propietario de la productora de eventos MET (dedicada a la organización de fiestas tipo after), habría acordado días antes del 17 de febrero de 2024 con el subcomisario a cargo de la comisaría de San Andrés que la madrugada de ese día se realizaría una fiesta electrónica en una quinta ubicada sobre calle Lola Mora, a unos 300 metros de la ruta provincial 306.
“En el marco del legajo inicial (que tramita la Unidad Fiscal de Narcomenudeo) se obtuvo información respecto de qué en una de las fiestas electrónicas que organizaba la productora de propiedad del imputado se le pagaba al personal policial para que no intervenga y, por supuesto, así comercializar estupefacientes”, indicó el auxiliar de fiscal Abdala.
Según la acusación, el productor, un estudiante de Seguridad e Higiene de 32 años, habría ofrecido una suma de dinero para que el evento se desarrollara sin intervención policial, propuesta que habría sido aceptada por el jefe policial.
Siempre de acuerdo con la reconstrucción fiscal, durante la madrugada del evento dos efectivos —un oficial subayudante y un sargento— se presentaron en el lugar a bordo de un móvil policial. Allí se habrían reunido con el productor, quien ingresó al vehículo y dejó dentro del mismo el dinero en efectivo acordado. “De esa información surgieron las escuchas telefónicas y un video que aportó el personal policial donde se vea al productor ingresando en una camioneta de la policía (Toyota Hilux). En tal circunstancia, se comunicaba con uno de los de los coimputados para acordar una entrega de dinero”, explicó el representante del MPF.
Tras el encuentro, los policías se retiraron del lugar y regresaron a la comisaría de San Andrés alrededor de las 7.55, según consta en el libro de guardia de la dependencia.
Mientras continúan las pericias y el análisis del entrecruzamiento de llamadas, la Fiscalía busca determinar el alcance de las responsabilidades y el rol que habría tenido cada uno de los imputados en el presunto esquema de pagos ilegales.
