A cerca de tres años de la suspensión del sistema de estacionamiento pago en la Capital mediante una cautelar, la causa tuvo avances que la dejaron a las puertas de una sentencia de fondo.
Por pedido del tribunal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un dictamen -no vinculante- que analiza los distintos planteos formulados en la acción de amparo colectivo que se tramita ante la Sala II del fuero contencioso administrativo.
Uno de los puntos relevantes del informe refiere a la supuesta inconstitucionalidad del cobro del servicio. Y si bien la cuestión deberá ser resuelta en el fallo de fondo, la opinión de la Fiscalía es que “no existe exceso” en las normativas dispuestas en el ámbito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para implementar el servicio.
Con este paso cumplido, la Fiscalía Municipal a cargo de Conrado Mosqueira elevó un nuevo pedido a la Sala II para solicitar que las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer avancen con una decisión definitiva. “En fecha 14 de mayo de 2025 pasa a estudio los autos para sentencia”, reza la actuación publicada en los registros web del Poder Judicial de Tucumán.
La causa se inició en 2022, luego de que el entonces intendente Germán Alfaro (PJS) implementara el estacionamiento pago en un amplio sector de la ciudad, incluyendo el centro y el microcentro.
A partir de ello, distintos actores -entre ellos, la Defensoría del Pueblo, la organización de usuarios Fodecus y un grupo de “cuidacoches”- concurrieron a la Justicia provincial para cuestionar la legalidad de la contratación de la firma Tecno Agro Vial SA. Sobre la base de las demandas, la Sala II dictó una medida cautelar que puso en suspenso el servicio por tiempo indeterminado.
El expediente acumuló pruebas y argumentos de las partes. La semana pasada, se incorporó el dictamen de la Fiscalía de Cámara, que lleva la firma de Juana Inés Hael.
En el texto, la representante del MPF analizó los antecedentes del caso, y advirtió que la decisión de fondo corresponde “exclusivamente al tribunal”, por lo que la Fiscalía se abstuvo de emitir un dictamen respecto a la procedencia de la acción intentada.
En cambio, sí se analizaron otras cuestiones; entre ellas, el proceso de contratación de la firma Tecno Agro Vial SA para prestar el servicio de estacionamiento pago; y las diferentes demandas incorporadas a la acción colectiva. En ese marco, se mencionaron las ordenanzas que dieron lugar al acuerdo, así como las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Constitución provincial. “De la lectura de la normativa señalada se advierte que no existe exceso en la actividad suscripta por el Departamento Ejecutivo Municipal que se cuestiona en el caso, por lo cual el planteo de inconstitucionalidad articulado en este sentido no resulta procedente”, consideró el MPF. Y advirtió que, en este escenario, “la acción en representación de los vecinos de San Miguel de Tucumán no resulta procedente, toda vez que entre las potestades del Ente Municipal está la de regular el estacionamiento pagado o medido”. / Lagaceta
